Detención ilegal

Detenciones ilegales, presión a los funcionarios de policía por parte de funcionarios políticos. La Venezuela de Chavez en estado puro.


Todo comenzó por una mentira de Bono. Pretendió así disculpar los abucheos de los manifestantes por meterse donde no le llamaban porque estaba acostumbrado a jugar a dos bandas. Cometió el error de no percatarse que ya se le había visto el plumero.

El egg-miniggtro Bono ha querido estar con Dios y con el diablo, entre Pinto y Valdemoro, ha coqueteado con los separatistas y con sus valedores, es decir, con Rodríguez y a la vez se las ha dado de españolista.
El desgobierno zapateril nos tiene acostumbrados a mentiras, embustes, falsas verdades y engañifas a discreción, pero lo que estamos viviendo estos días en el juicio que se está celebrando por la detención ilegal de dos militantes del PP se acerca a una manipulación más propia de la dictadora comunista de la Cuba de Castro que de un Estado europeo.

Pretendieron rentabilizar la situación para asustar a los ciudadanos que no somos de su cuerda, para ello buscaron dos cabezas de turco que hicieran replantearse a los que no piensan igual la inoportunidad de manifestarse. ¡La derecha en casa y acojonada! ¡Cómo tiene que ser! ¿Qué se habían creído?
Unas semanas después, recuerden las advertencias del fiscal general del estado, perdón, del PSOE, Pumpido. Fueron hechas unos días antes de la manifestación a favor de la familia en la que avisaba que las actitudes vociferantes podrían ser objeto de detención como había ocurrido con los dos militantes del PP.

La advertencia la hicieron a los manifestantes que hemos dado las mayores pruebas de civismo, sin asaltar el Corte Inglés para robar jamones como ha sucedido en algunas manifestaciones de la izquierda, sin destrozar mobiliario urbano, sin pisotear jardines y casi recogiendo los papeles que se caían al suelo.

De entonces son las palabras de Pepín Blanco llamando extremistas a los peperos, las declaraciones del ministro Alonso denunciando agresiones, las quejas de José Bono por haber sido agredido, las explicaciones de Constantino Méndez sobre las pruebas documentales de esas agresiones, los reproches de Pérez Rubalcaba al Partido Popular y las patrañas de Conde Pumpido justificando las detenciones por una actitud vociferante.

Quien diese la orden de proceder a aquellas detenciones ilegales debe pagar por un atropello a la libertad de los ciudadanos. Al menos, eso sucede en los estados democráticos. Claro que en esos estados el presidente del gobierno habría condenado los sucesos y aquí, Rodríguez, continúa callado.